La Comisión Permanente del Congreso de la República archivó la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas sociales realizadas entre diciembre del 2022 y marzo del 2023.
La denuncia alcanzaba, al expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo; al exministro de Defensa y actual jefe del gabinete, Alberto Otárola; y al exministro del Interior, César Cervantes, por las acciones asumidas durante las manifestaciones y el rol que desempeñaron las fuerzas del orden.
La acusación en un primer momento se debatió en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales donde fue rechazada luego en la Comisión Permanente, la congresista Sigrid Bazán solicitó reconsiderar la votación; no obstante, este pedido fue rechazado, por lo que la denuncia constitucional contra Boluarte Zegarra y exfuncionarios de su gestión pasó al archivo.
Según el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, durante el periodo en el que se produjeron las protestas, también ocurrieron actos de violencia contra las fuerzas del orden y daños a la infraestructura, además de la declaratoria de emergencia vigente en ese periodo.
Por ello se asume que, como no se había demostrado si hubo uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, ni que alguno de los investigados lo hubiera reconocido
