Las denuncias por extorsión aumentaron más de 60% en Puno y cerca de 30% en Arequipa en lo que va del 2025. Mientras tanto, el gasto en seguridad pública avanza con lentitud y miles de obras vinculadas a la prevención del delito permanecen paralizadas.
La crisis de seguridad golpea con fuerza al sur del país. Según datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), las extorsiones se incrementaron 64,2% en Puno y 29,9% en Arequipa entre enero y septiembre de 2025, con más de 500 denuncias registradas en ambas regiones. El aumento coincide con una baja ejecución presupuestal en seguridad, que apenas alcanza el 57% de S/14.304 millones a nivel nacional, según ComexPerú.
El contexto político agrava el panorama. La vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso por “incapacidad moral permanente” ante su fracaso en la lucha contra el crimen organizado, ha dejado al país en incertidumbre. Su sucesor, José Jerí, deberá enfrentar una de las olas delictivas más intensas del sur peruano y responder a la demanda ciudadana de resultados concretos.
En Puno, las mafias han convertido a Juliaca en un foco de extorsión fronteriza. Comerciantes y transportistas son obligados a pagar “vacunas” bajo amenazas. Hasta agosto se reportaron 150 casos, el nivel más alto del sur andino. Sin embargo, el gobierno regional solo ejecuta el 60% de su presupuesto total, y mantiene 273 obras paralizadas por más de S/1.690 millones, entre ellas comisarías y proyectos de videovigilancia. La informalidad, que alcanza el 69%, ha creado un terreno fértil para el avance del crimen organizado.
En Arequipa, las denuncias por extorsión llegaron a 388 casos en lo que va del año. Las bandas delictivas apuntan a negocios turísticos, de transporte y agroexportación, de acuerdo con la Cámara de Comercio e Industria regional. Pese a que la región ejecuta el 82% de su presupuesto, gran parte se destina a gastos administrativos. Además, existen 146 obras públicas inconclusas por unos S/5.000 millones, incluyendo proyectos penitenciarios paralizados por sobrecostos. “Pagamos impuestos para seguridad, pero el dinero se va en oficinas, no en patrullaje”, lamentó un comerciante arequipeño.
La escalada delictiva refleja una ineficiencia estructural en la gestión pública y la falta de una política integral de prevención. Mientras las economías regionales se asfixian entre la extorsión y la parálisis de obras, el crimen organizado gana terreno. Sin una reforma urgente que agilice la ejecución del gasto y fortalezca la respuesta policial, el sur del país continuará atrapado en el miedo y la impunidad.
