
El congresista Edwin Martínez enfrenta críticas por contratar a Isabel Cajo Salvador, una joven sin bachillerato, como secretaria de su despacho. Con un salario de S/7.000, la joven tiene antecedentes laborales en el Congreso y vínculos con la oficina de Jorge Torres Saravia, señalado como presunto líder de una red de prostitución al interior del parlamento.
Según el semanario Hildebrandt en sus trece, Cajo, de 26 años, trabajó anteriormente con Torres Saravia, cuestionado por liderar presuntas redes de proxenetismo. A pesar de sus estudios inconclusos en la Universidad Garcilaso de la Vega y una trayectoria en plataformas como OnlyFans, Martínez defendió su contratación, calificándola de legítima y adecuada.
La falta de credenciales académicas de Cajo ha generado interrogantes sobre los estándares de selección en el Congreso. Martínez declaró que, para el puesto de secretaria en su oficina, no se requiere ser bachiller y resaltó la labor social de su equipo como justificante de su decisión.
El congresista también criticó la cobertura mediática, argumentando que los cuestionamientos contra Cajo representan una falta de respeto hacia las mujeres. «Quiero reivindicar a esta señorita», expresó, negándose a considerar su remoción del cargo pese a las críticas.
Paralelamente, el nombre de Jorge Torres Saravia reaparece en el contexto de reuniones privadas en departamentos alquilados en Lima, donde, según testimonios, se evitaba el registro de asistentes. La conexión entre Torres Saravia y antiguos colaboradores como Cajo amplifica las preocupaciones sobre prácticas cuestionables.
Un testigo anónimo reveló al semanario que estas reuniones estaban diseñadas para garantizar discreción, utilizando cerraduras digitales y evitando documentación oficial. Aunque los detalles no conectan directamente a Martínez, el vínculo indirecto con Cajo ha generado suspicacias.
La polémica pone en debate la transparencia en contrataciones parlamentarias y la idoneidad profesional en puestos públicos. Este episodio abre el debate sobre los estándares de profesionalismo que deberían regir las contrataciones en instituciones públicas, especialmente en contextos de crisis de confianza ciudadana.
