La Segunda Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro inició una investigación preliminar por el presunto delito de negociación incompatible en el proceso de adjudicación de S/ 192 319 950.67 destinados a la ampliación del establecimiento penitenciario de Arequipa, ubicado en el distrito de Socabaya.
La disposición comprende a quienes resulten responsables de las decisiones adoptadas durante la contratación impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).
El fiscal provincial Christian Santamaría Zavala dispuso las primeras diligencias tras advertir posibles inconsistencias en el procedimiento de contratación. Entre las medidas figura el requerimiento de la documentación relacionada con el proyecto, la modalidad empleada para la adjudicación y los informes técnicos utilizados para la evaluación de propuestas.
Asimismo, solicitó información a la Sunat, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
La investigación busca determinar si existieron irregularidades durante la entrega del contrato para ejecutar la ampliación del penal. El caso tomó relevancia luego de un reportaje televisivo que informó que el Consorcio Infra Penal Arequipa recibió la adjudicación pese a no figurar en los registros de la Sunat al momento de la convocatoria.
De acuerdo con la información difundida, el consorcio está conformado por Ahren Contratistas Generales SAC, Supervisa y Construye M&G SAC y Constructora M&J SAC. Las tres empresas registran sanciones temporales por presentar documentación falsa o información inexacta en procesos anteriores con el Estado. Además, el contrato fue otorgado mediante invitación directa y no a través de una licitación pública. La investigación fiscal busca establecer la legalidad de las actuaciones realizadas durante todo el proceso de contratación.
