El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Cerro Colorado ordenó siete días de detención judicial para Luque Espinoza Valcárcel y Juan Miguel Chicata Orihuela, dirigentes del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa, quienes afrontan una investigación por el presunto delito de exigencia extorsiva en agravio de la empresa APM Contratistas Generales S.A.C., responsable de la construcción de la nueva sede del Poder Judicial en Arequipa.
El juez Eddy Leva Cascamayta declaró fundado el requerimiento fiscal al considerar necesario un plazo adicional para desarrollar diligencias orientadas a reunir elementos de cargo y descargo. La medida permitirá continuar con actos de investigación relacionados con los hechos registrados en la obra ubicada en el sector de Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado.
La investigación comprende los daños ocasionados el 6 de julio al cerco perimétrico y a dos cámaras de videovigilancia, además de otros incidentes reportados desde junio. Entre los documentos incorporados al expediente figuran actas de constatación policial que describen presuntos actos de intimidación contra trabajadores que intentaban ingresar a la obra, situación que habría afectado la continuidad del proyecto.
La resolución también recoge información sobre conversaciones sostenidas entre representantes de la empresa y dirigentes sindicales. Según la investigación fiscal, durante las protestas los manifestantes solicitaron la reposición de tres trabajadores despedidos por registrar tres días consecutivos de inasistencias injustificadas y manifestaron que el desarrollo de la obra continuaría con normalidad tras esa reincorporación.
El magistrado sustentó su decisión en el artículo 200-A del Código Penal, incorporado en febrero de 2026, que sanciona la exigencia extorsiva mediante violencia o amenazas para obtener beneficios indebidos. Durante los siete días de detención, la Fiscalía realizará un peritaje antropométrico, analizará diez videos, transcribirá dos audios y ejecutará otras diligencias antes de definir si solicita una medida coercitiva de mayor duración o dispone la libertad de los investigados.
