La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga el homicidio de Gerardo Calsín Cariño bajo la hipótesis de un ataque motivado por una represalia. Según las primeras indagaciones, la víctima mortal planeaba interponer una denuncia formal por un presunto delito contra la libertad sexual cometido en agravio de su hija, una menor de 15 años. Por este hecho, las autoridades ya han intervenido a 2 sospechosos.
El jefe de la Región Policial Arequipa, el general PNP Antonio La Madrid Aliaga, informó que el móvil central del crimen apunta a silenciar las acciones legales que el padre de familia iba a emprender. El suceso ocurrió durante la madrugada en una vivienda del sector La Colina, en el distrito de Majes, donde un grupo de personas ingresó de forma violenta para atacar a los ocupantes. En la escena, peritos de criminalística hallaron un hacha y otros elementos contundentes que ya forman parte de las evidencias.
De acuerdo con el reporte oficial, la hija mayor de la familia identificó a uno de los presuntos agresores como Fray Ccoyuri Chumbisuca, de 22 años. La línea de investigación preliminar señala que este sujeto, ex trabajador de la zona de Secocha, pretendía mantener una relación con la menor de 15 años a pesar del rechazo de esta, escenario en el cual se habría producido el ultraje previo.
El general La Madrid precisó que en el asalto a la vivienda habrían participado más de 2 personas. No obstante, el despliegue policial inmediato permitió la captura de 2 presuntos implicados pocas horas después del evento. Ambos permanecen a disposición del Ministerio Público para determinar su grado de coautoría o participación en el homicidio.
El balance del ataque reporta el deceso de Gerardo Calsín y heridas de gravedad en otros integrantes del núcleo familiar. Los afectados recibieron atención médica de urgencia en el hospital de Majes, y se evalúa su traslado a la ciudad de Arequipa debido a la complejidad de sus lesiones.
El caso se encuentra en manos de las unidades especializadas de investigación criminal y la Fiscalía, instancias que deberán corroborar la planificación del ataque mediante peritajes forenses, el análisis de los objetos incautados y el contraste de las declaraciones de los detenidos con el testimonio de la menor afectada.
