¿Se imagina recibir un jugoso sueldo sin la necesidad de tener que trabajar? Alejado de la realidad, esta situación de ensueño se ha aplicado en dos servidores del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) que fueron incluidos en los tareos de un proyecto que ejecuta la misma entidad y percibieron cuantiosos pagos.
Se trata de Guadalupe del Carmen Pacheco Llaiqui y César Parillo Quispe, los mismos que figuran como operarios en la obra “II Etapa del Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego Los Molinos”, ejecutado en la localidad de San Gregorio – La Pampa, distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná, región Arequipa, pese a que nunca desarrollaron estas funciones.
Según el informe de fiscalización N° 003-2022, presentado por la consejera regional Crhiss Lisbeth Díaz Montoya se determinó que ambos servidores fueron añadidos a la obra por un pedido expreso del gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos y de la señorita Adriana Alicia Muñoz Mendiz. En esa línea, Guadalupe del Carmen Pacheco Llaiqui recibió la suma de S/ 1 779.3, mientras que César Parillo Quispe obtuvo S/ 1 791.57 en beneficios salariales.
Las dos inclusiones fueron irregulares, así lo confirmó el residente obra, Ing. Adrián Enríquez Medrano quién explícitamente aceptó que ninguno desempeñó tales funciones: “No, no tengo ese nombre. No trabaja ni ha trabajado”, respondió cuando la consejera por Camaná Crhiss Díaz Montoya le preguntó por la planilla de pago de Pacheco Llaiqui.
Posteriormente, el ingeniero también admitió que Parillo Quispe era trabajador del GRA, pero no del proyecto: “Igual también, doctora, el señor Parillo Quispe César, ya lo que estaba preguntando de las dos personas, son del gobierno regional y acá en obra no laboran”, sostuvo.
Audio/ residente de obra
Audio/ residente de obra.
La retribución de estos trabajadores fantasma, que ocupan cargos en el Gobierno Regional, corresponden a una quincena de trabajo en campo; sin embargo, se confirmó que Alicia Muñoz Mendiz y el gerente de Supervisión y Liquidación Proyectos del GRA intentaron ampliar estos beneficios, pero no fue aceptado por el alto costo que implica.
“Yo había dicho que no tengo mucho presupuesto, eso era una quincena e inclusive me estaban pidiendo que continuara, pero no, ya no, ya no permití, porque no tenía mucha plata. (…) por eso ya no acepté para la próxima quincena, como dije son operarios y son altos presupuestos”, denunció el residente de obra.
Tanto el ingeniero Adrián Enríquez Medrano (residente de obra) y el ingenio Hernán Flores Salazar (supervisor de obra) estarían incurriendo en el delito de falsificación de documentos, previsto y sancionado en el art. 427 del Código Penal. Por otro lado, Adriana Alicia Muñoz Mendiz inmersa en el delito de concusión, previsto y sancionado en el art. 382 del Código Penal.
