La extorsión se ha convertido en un problema alarmante en Arequipa, afectando incluso a trabajadores del transporte público. Joseph Ilasaca, conductor de la empresa Cotum, denunció que desde hace un mes es amenazado por delincuentes extranjeros, quienes exigen pagos diarios para permitirle seguir trabajando. A pesar del peligro que enfrenta, sus intentos por obtener ayuda policial fueron en vano.
El conductor relató que acudió a dos comisarías en Cerro Colorado, pero ambas se negaron a recibir su denuncia. En Mariscal Castilla le dijeron que no era su jurisdicción, y en la comisaría de Cerro Colorado lo enviaron a una unidad especializada sin prestarle auxilio. Este tipo de negligencia no solo vulnera los derechos de los ciudadanos, sino que también fortalece a las mafias que operan impunemente.
Ante la denuncia pública, el jefe de la región policial de Arequipa, general Olger Benavides, aseguró que todo agente está obligado a recibir denuncias y derivarlas de inmediato si es necesario. Además, Inspectoría de la PNP ha iniciado una investigación para determinar responsabilidades y aplicar sanciones. Sin embargo, el daño ya está hecho: Ilasaca sigue expuesto y la ciudadanía se enfrenta a un sistema policial indiferente.
La victima señaló que si la Policía, en lugar de actuar, ignora las denuncias, se convierte en cómplice indirecto de la delincuencia. La inseguridad en Arequipa requiere soluciones urgentes, pero mientras los ciudadanos sean abandonados por quienes deben protegerlos, la extorsión seguirá ganando terreno.
