La Corte Suprema de Justicia del Perú dictó este jueves una condena de 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva contra el expresidente Pedro Castillo por el delito de conspiración para la rebelión.
El tribunal consideró probado que Castillo, junto con otros ex funcionarios , organizó un plan para disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial y gobernar por decreto, mediante el discurso que dio el 7 de diciembre de 2022. Esa acción, aunque no derivó en un alzamiento armado, se interpretó como un intento de quiebre del orden constitucional.
Junto a Castillo, la ex primera ministra Betssy Chávez y el exministro del Interior Willy Huerta recibieron la misma pena: 11 años, 5 meses y 15 días. Por su parte, el exjefe de asesores Aníbal Torres fue condenado a 6 años y 8 meses de prisión —aunque esa pena fue marcada como provisional, a la espera de una instancia superior.
Además del encarcelamiento, los condenados tienen una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante dos años. También deberán responder por una reparación civil de S/ 12 millones por los daños extrapatrimoniales atribuibles al intento de golpe.
El fallo marca un precedente histórico: se establece con claridad que planear y promover la disolución del Congreso y el desmoronamiento del sistema democrático, incluso sin uso de fuerza armada, constituye un delito grave. Así, el Poder Judicial envía un mensaje firme sobre los límites del ejercicio del poder.
Con esta condena culmina una etapa judicial que empezó tras el discurso de diciembre de 2022. Castillo permanece recluido en prisión, mientras que Chávez continúa asilada en la embajada de un país extranjero —tras recibir asilo— lo que complica su inmediata detención
