La regidora Magaly Agramonte fue vacada por el Concejo Municipal de Socabaya con cinco votos a favor y dos en contra, bajo acusaciones de nepotismo y tráfico de influencias. Sin embargo, este proceso ya había sido declarado nulo en 2024 por el Jurado Nacional de Elecciones, lo que genera dudas sobre la legalidad y motivación del nuevo intento.
El abogado de Agramonte, Genaro Uribe, aseguró que la medida responde a intereses políticos y confía en que nuevamente será anulada. La regidora denunció que el ciudadano que impulsa la vacancia, Wilson Quispe, está vinculado al movimiento del alcalde Roberto Muñoz, lo que evidenciaría una maniobra para silenciar su labor fiscalizadora.
La sesión en la que se aprobó la vacancia se realizó a puertas cerradas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del proceso. El alcalde Muñoz justificó esta decisión argumentando que sigue el reglamento municipal, aunque Agramonte advirtió que se habría vulnerado la Ley Orgánica de Municipalidades.
Más allá de las disputas políticas, el caso evidencia un problema recurrente en la administración local: el uso de la vacancia como mecanismo de presión y represalia. Si bien la lucha contra la corrupción es fundamental, también lo es evitar que se instrumentalicen procedimientos legales para favorecer intereses particulares.
Ahora, el Jurado Nacional de Elecciones deberá determinar si esta vacancia es válida o si se trata de un intento de eliminar a una opositora incómoda. Mientras tanto, la incertidumbre política continúa afectando la estabilidad del municipio de Socabaya.
