La liberación de Jorge Rubén Loaiza Araníbar (27) tras su presunta implicación en un asalto a mano armada en Cayma desencadena un debate en el ámbito judicial, focalizado en el retraso de 6 minutos en la presentación del requerimiento de prisión preventiva por parte de la fiscal adjunta Lucero Gama del Carpio.
El revuelo se originó a raíz de la decisión de la jueza María Alejandra Fuentes Chávez, quien se negó a aceptar el requerimiento de prisión preventiva debido al retraso en la entrega de la documentación al Juzgado de Cerro Colorado. Esta determinación, basada en la rigidez de los plazos establecidos, llevó a la liberación de Loaiza, a pesar de contar con pruebas incriminatorias y su confesión sobre el delito cometido.
Gama del Carpio, al referirse a esta situación, manifestó su frustración ante lo que considera una interpretación excesivamente rígida de los plazos judiciales. Destaca que, si bien existe un tiempo estipulado para la presentación de documentos, la contundencia de las pruebas y la veracidad de la acusación no deberían haber sido desestimadas por una demora mínima.
Esta controversia ha puesto de manifiesto la tensión existente entre la necesidad de cumplir con los plazos establecidos y la ponderación de la evidencia sustancial.
