La procuradora regional, Amparo Begazo, indicó que el acuerdo quedó formalizado el pasado 13 de mayo en la ciudad de Lima, luego de contar con autorización mediante acuerdo regional. Añadió que el banco estableció la fecha y condiciones para concretar la devolución del dinero.
La representante legal precisó que los fondos recuperados permanecían en cuentas de terceros vinculadas a cartas fianza. También sostuvo que los trabajadores del Gobierno Regional no entregaron claves ni enlaces de acceso relacionados con las cuentas institucionales.
Según explicó, el manejo de las claves corresponde al área de Tesorería del Gobierno Regional. La procuradora descartó responsabilidad del entonces jefe de Presupuesto y señaló que la investigación fiscal continúa en etapa preliminar.
La defensa legal del caso está a cargo de la Procuraduría Pública Regional, mientras el Ministerio Público desarrolla diligencias para determinar responsabilidades penales. Begazo indicó que funcionarios y trabajadores ya brindaron declaraciones ante las autoridades correspondientes.
La procuradora evitó atribuir responsabilidad directa a la entidad bancaria y señaló que será el Ministerio Público el encargado de determinar eventuales responsabilidades dentro del proceso penal.
La investigación busca identificar a las personas involucradas en la sustracción del dinero y establecer cómo accedieron a las cuentas institucionales. Indicó que, debido a la carga procesal del Poder Judicial y del Ministerio Público, no existe una fecha estimada para la conclusión del caso.
