El congresista Edwin Martínez generó indignación tras emitir comentarios polémicos sobre la denuncia de violación contra su colega José Jerí. Martínez, en lugar de enfocar sus declaraciones en el presunto delito, responsabilizó parcialmente a la víctima, afirmando que “debió controlarse un poco” durante el consumo de alcohol en la reunión donde habrían ocurrido los hechos.
Martínez sostuvo que tanto la víctima ceomo los acusados deberían haber tenido más autocontrol. “Los dos varones han debido controlar a la muchacha para que no beba tanto”, declaró. Estas afirmaciones minimizan la gravedad del abuso sexual y perpetúan discursos que revictimizan a las personas afectadas.
El caso involucra al congresista José Jerí y a Marco Cardoza, quienes fueron denunciados por la presunta violación de una mujer de 31 años durante una reunión de fin de año. Según la víctima, perdió el conocimiento tras consumir alcohol y despertó en una habitación con indicios de haber sido agredida sexualmente.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Jerí negó su implicación directa, afirmando que estuvo ocupado en la parrilla durante gran parte de la reunión. Sin embargo, los testimonios y la investigación de la Fiscalía serán clave para determinar responsabilidades en este caso que ha conmocionado a la opinión pública.
Las declaraciones de Martínez no son un caso aislado en el Congreso. En los últimos años, varios parlamentarios han emitido comentarios machistas y despectivos, incluso en contextos oficiales, lo que evidencia una preocupante falta de compromiso con la lucha contra la violencia de género.
Activistas y colectivos feministas han condenado las palabras de Martínez, exigiendo que los líderes políticos eviten discursos que culpabilicen a las víctimas y contribuyan a la normalización de la violencia sexual. Además, han solicitado medidas más estrictas para prevenir estos comportamientos dentro del Congreso.
Este caso resalta la urgencia de abordar de manera integral la violencia de género en el ámbito político y social. Más allá de investigar las acusaciones, es fundamental que las autoridades promuevan un cambio cultural que erradique la revictimización y garantice justicia para quienes han sufrido abuso.
El reclamo social exige no solo justicia para la víctima, sino también una transformación cultural en la clase política. Diversas voces piden sanciones ejemplares y formación en perspectiva de género para evitar la repetición de estos episodios lamentables.
