El 9 de enero de 2023, Juliaca vivió uno de los episodios más violentos de represión estatal, con el asesinato de 18 ciudadanos, incluidos tres menores. Dos años después, las investigaciones avanzan con lentitud, marcadas por trabas políticas y constantes cambios en el equipo fiscal.
Organismos internacionales han condenado la violencia y exigido justicia. Sin embargo, familiares denuncian que los informes médicos minimizan las heridas sufridas por los manifestantes, y la Fiscalía aún enfrenta dificultades para identificar plenamente a los responsables.
Raúl Samillán, hermano del médico asesinado Marco Antonio Samillán, lidera la búsqueda de justicia para las víctimas. “Nos han intentado dividir, pero estamos más unidos que nunca”, afirmó durante las actividades conmemorativas, señalando la falta de seriedad en los informes oficiales.
El abogado César Quispe detalló que, de las 72 carpetas fiscales abiertas, solo nueve han formalizado la investigación preparatoria. Señaló además que altos mandos, incluida Dina Boluarte, enfrentan investigaciones por su presunta responsabilidad en la masacre.
Los cambios constantes en la Fiscalía preocupan a los afectados, quienes temen nuevos retrasos. “Nadamos a contracorriente en una dictadura que busca impunidad”, denunció Quispe. A esto se suman recortes presupuestales que obstaculizan el avance de las investigaciones.
A dos años de la tragedia, las familias claman por justicia. La reunión programada con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, será clave para definir el futuro de las investigaciones y la lucha contra la impunidad en el país.
