El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, protagonizó el pasado 23 de julio un accidente vehicular en Cerro Colorado que, lejos de seguir los protocolos legales, quedó envuelto en el silencio institucional. La camioneta oficial en la que viajaba impactó por detrás a un auto particular, pero el hecho no fue denunciado ante ninguna comisaría, no se practicaron peritajes ni dosajes etílicos, y las autoridades policiales aseguran no haber sido informadas.
El siniestro ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana en la intersección de Mariano Melgar y J. M. Cuadros, cuando el gobernador se dirigía a una ceremonia en la sede del Ala Aérea N.° 3. El vehículo, una Toyota Fortuner de placa CNF-088 alquilada por el MTC para el GRA, fue rápidamente reemplazado por otra unidad oficial, con la que Sánchez continuó su agenda, dejando en el lugar al conductor afectado.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al gobernador descendiendo de la camioneta siniestrada y abordando el segundo vehículo, mientras su personal de seguridad permanecía en el lugar. Pese a tratarse de una unidad estatal y de la presencia de un alto funcionario, no se cumplió con los procedimientos que exige la ley en accidentes de tránsito.
El jefe de la Región Policial de Arequipa, general PNP Olger Benavides, y el comisario de Cerro Colorado, comandante PNP Julio Tapia, negaron tener conocimiento del caso. Ambos coincidieron en que todo accidente debe ser reportado y registrado, especialmente si involucra bienes públicos, para dar paso a las diligencias correspondientes.
A nivel interno, el gerente general del GRA, Johan Cano, también dijo desconocer lo ocurrido, incluso después de recibir el video del incidente. Hasta la fecha, no existe parte policial ni pronunciamiento oficial del Gobierno Regional que esclarezca lo sucedido.
El silencio institucional y la ausencia de acciones correctivas generan cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión regional. El caso, que podría derivar en responsabilidades administrativas o penales, queda ahora en manos de las autoridades competentes para determinar si hubo encubrimiento y omisión de funciones.
