Un nuevo audio, supuestamente del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha generado controversia al sugerir un presunto apoyo del gobierno de Dina Boluarte para que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, siga prófugo de la justicia. Según un reportaje del programa Punto Final, el audio forma parte de una grabación entregada esta semana a la fiscalía por el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’.
El audio, que habría sido grabado en mayo, recoge una conversación en la que la voz, atribuida a Santiváñez, menciona la posible utilización de un vehículo presidencial, conocido como «el cofre», para trasladar a Cerrón. Además, hace referencia a presuntos correos electrónicos entre Cerrón, su hermano Waldemar y funcionarios de Palacio, así como a la protección de ocho militares cubanos. Santiváñez, a través de su abogado Carlos Caro, ha negado que la voz en el audio sea la suya.
Este no es el primer audio en el que se involucra a Santiváñez en situaciones comprometedoras. En otro segmento de la misma conversación, la supuesta voz del ministro menciona que la presidenta Dina Boluarte habría ordenado el cierre de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Tanto Santiváñez como su defensa han calificado estos audios como manipulados y falsos, solicitando una pericia para verificar su autenticidad.
La difusión de este audio ha reavivado la controversia sobre la posible interferencia del Ejecutivo en la búsqueda y captura de Cerrón, quien fue excluido de la plancha presidencial de 2021 debido a una condena por corrupción. Sin embargo, en un comunicado, la Presidencia negó cualquier intervención en el proceso judicial contra Cerrón, afirmando que la responsabilidad de su captura recae exclusivamente en la Policía Nacional del Perú.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, respaldó a Santiváñez, afirmando que confía en su versión de los hechos. A su vez, la presidenta Dina Boluarte también expresó su apoyo al ministro, defendiendo su gestión frente a las acusaciones derivadas de los audios difundidos. A pesar de las negativas, la polémica continúa, con la ciudadanía y la oposición exigiendo explicaciones más detalladas.
Este caso, que involucra a altos funcionarios del gobierno, sigue en investigación y podría tener implicaciones significativas para la administración de Boluarte, especialmente si se confirma la autenticidad de los audios. La opinión pública permanece atenta al desarrollo de esta situación, que pone en duda la transparencia y la independencia del Ejecutivo frente a la justicia.
