Julio Cáceres, ex presidente del gremio empresarial, sostiene que Nitza Huaco se habría atribuido representación institucional sin autorización para intervenir en el recinto ferial, en un caso que ya investiga la Fiscalía Anticorrupción.
El ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Julio Reynaldo Cáceres Arce, anunció acciones legales contra Nitza Huaco Mendoza, a quien acusa de haber utilizado de manera indebida el nombre de la institución para intervenir en la gestión del del centro de convenciones de Cerro Juli sin autorización.
Según el pronunciamiento emitido por Cáceres Arce, no existió ningún mandato, acuerdo ni autorización de la CCIA para que terceros asuman representación o ejecuten acciones vinculadas al predio. El empresario afirmó que cualquier actuación realizada en ese sentido constituye un acto individual que no compromete institucionalmente al gremio.
El eje de la denuncia radica en la atribución irregular de funciones. Cáceres sostiene que Huaco Mendoza habría invocado el nombre de la Cámara para sustentar gestiones sobre Cerro Juli, pese a no contar con respaldo del Consejo Directivo ni de la administración vigente en ese momento.
Como antecedente, el ex directivo confirmó que durante su gestión se suscribió un convenio con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Sin embargo, precisó que dicho documento no fue implementado ni ratificado, por lo que no generó efectos jurídicos que habiliten intervención alguna sobre el predio.
En esa línea, subrayó que el convenio carece de validez operativa al no haber sido aprobado por las instancias internas correspondientes ni por el Fondo de Desarrollo Regional (FDR). Esta precisión busca desmontar cualquier argumento que intente vincular a la CCIA con decisiones adoptadas fuera de su marco institucional.
Cáceres también cuestionó la existencia de documentos o actas que habrían sido utilizados para justificar la intervención en Cerro Juli. Afirmó que estos no fueron conocidos ni autorizados por la dirigencia de la Cámara, lo que refuerza la hipótesis de una actuación al margen de los canales formales de Nitza Huaco, en su intento de controlar en centro de convenciones.
El caso adquiere mayor relevancia en un contexto de investigación fiscal. La Fiscalía Anticorrupción de Arequipa ya evalúa posibles delitos relacionados con la gestión del recinto ferial, entre ellos colusión, peculado y negociación incompatible, en un proceso que aún se encuentra en etapa preliminar.
Uno de los aspectos más sensibles del caso es el destino de los recursos económicos generados en Cerro Juli. Dentro de la investigación preliminar, advierten que la Feria Arequipa 2025 y otros eventos habrían generado ingresos millonarios a través del alquiler de stands, espectáculos y actividades comerciales, sin que exista claridad sobre su manejo y retorno a la región.
Incluso, estimaciones extraoficiales sitúan estas ganancias en montos cercanos a los S/ 20 millones, mientras que autoridades y el propio Gobierno Regional han señalado que no recibieron utilidades por dichas actividades, lo que abre serias interrogantes sobre quiénes se beneficiaron económicamente del uso del recinto manejado por Nitza Huaco.
A nivel institucional, la actual directiva de la CCIA también ha rechazado las versiones de Nitza Huaco. El gremio empresarial presentó una denuncia ante el Ministerio Público al advertir que su nombre habría sido utilizado sin autorización en la organización de la Feria Arequipa 2025, lo que refuerza la línea de defensa planteada por Cáceres Arce.
Por su parte, Nitza Huaco ha sostenido que sus acciones se realizaron bajo el marco de responsabilidades asignadas por la CCIA y el FDR. No obstante, esta versión es rechazada de forma categórica por el ex presidente del gremio, quien insiste en que nunca existió tal encargo ni delegación, y que hubo un uso indebido del nombre de la CCIA en Cerro Juli.
El conflicto expone una disputa de fondo sobre la legitimidad de las decisiones adoptadas en torno a Cerro Juli sin ningún tipo de autorización, que pone bajo escrutinio la transparencia en el uso de un bien público estratégico y la responsabilidad de quienes, directa o indirectamente, habrían intervenido en su administración sin respaldo institucional claro de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
