Congreso de la República aprobó 229 leyes con impacto directo sobre el gasto público, y otras 352 están en debate. De mantenerse esta tendencia, la deuda pública del Perú podría elevarse hasta el 70% del PBI para el 2036, un nivel considerado riesgoso para la estabilidad macroeconómica del país.
Según el organismo, muchas de estas normas han sido aprobadas sin estudios técnicos, sin análisis de sostenibilidad y respondiendo más a intereses políticos o demandas sociales inmediatas que a una planificación responsable. Esto, advierte, podría agravar el déficit fiscal y limitar la capacidad del Estado para financiar servicios públicos esenciales.
Entre las leyes más costosas destaca la 31495, aprobada en junio del 2022, que reconoce bonificaciones adicionales para docentes y crea el Fondo de Bonificaciones Magisteriales. Su costo estimado supera los S/ 40,561 millones. A esto se suma la Ley 32424, promulgada en agosto del 2025, que dispone la homologación del incentivo CAFAE para trabajadores administrativos del régimen 276 en los gobiernos regionales, con un impacto de S/ 2,621 millones. Ambas medidas, impulsadas por Perú Libre y Acción Popular, han sido calificadas como populistas debido a su elevado costo y falta de financiamiento.
Las modificaciones tributarias también generan preocupación. La Ley 32387 redujo el IGV de 18% a 14% y elevó el IPM del 2% al 4%, lo que, según el Consejo Fiscal, creará un forado en la recaudación nacional. Mientras que la Ley 32335 reemplaza sanciones tributarias por capacitaciones en microempresas, provocando —según estimaciones oficiales— una pérdida de S/ 5,280 millones y un debilitamiento en la disciplina tributaria.
Incluso las normas orientadas al desarrollo económico generan impactos negativos en el corto plazo. La Ley 32201, sobre repatriación de capitales, implicaría una pérdida de S/ 3,600 millones, mientras que la Ley 32392, que crea Zonas Especiales de Desarrollo Turístico, supone exoneraciones por S/ 2,011 millones. A estas se suma la Ley 32434, que otorga una tasa reducida del Impuesto a la Renta para empresas agroexportadoras.
El Consejo Fiscal insiste en que el problema no es solo la cantidad de leyes, sino la ausencia de una evaluación previa que mida su impacto real sobre las finanzas públicas. Advierte que, sin un mecanismo de control y responsabilidad fiscal, el país podría enfrentar una crisis de deuda en poco más de una década. Pese a ello, el Congreso continúa avanzando con proyectos que, bajo discursos de justicia social o promoción económica, comprometen la estabilidad financiera del Perú y el dinero de los contribuyentes.
