El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, reconoció ante el Pleno del Congreso que miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP), del escuadrón “Fénix”, realizaron disparos durante la marcha del 15 de octubre, pero defendió el actuar de los efectivos alegando que actuaron en legítima defensa y criticó el trato que recibe la institución.
Según el propio ministro, el personal policial Fénix estaba trasladándose por las avenidas Tacna y Garcilaso cuando —dijo— fue atacado. En ese contexto, admitió que “se observa la utilización de sus armas porque son mujeres que tienen que defenderse”. Añadió que los disparos fueron “al aire” y defendió que no podía negarse este hecho.
Tiburcio pidió que se realicen las investigaciones correspondientes, asegurando que “aquí no protegemos a nadie” y que si algún efectivo resulta responsable, se le aplicará la sanción correspondiente. Sin embargo, aprovechó su intervención para victimizar a la Policía: “La Policía es maltratada, tiene persecuciones con distintas investigaciones”, afirmó.
Durante su exposición, el ministro lamentó el fallecimiento del joven Eduardo Ruiz, ocurrido durante las protestas, y garantizó que el hecho “no quedará impune”. También reiteró que revisarán los videos registrados en la marcha.
No obstante, Tiburcio insistió en que la PNP fue la parte agraviada y denunció que “nos han atacado” en el contexto de las movilizaciones. Según su relato, en la manifestación se habrían infiltrado personas con cascos, mochilas o palos que agredieron a la policía. En cifras oficiales mencionó que hubo 89 policías heridos, 22 civiles lesionados y 11 detenidos.
El caso ha generado fuerte rechazo político y social, pues el uso de armas de fuego por parte de la PNP —aunque sean “disparos al aire”— reaviva el debate sobre los límites del uso de la fuerza estatal. La controversia gira en torno a la proporcionalidad de la respuesta policial frente a protestas ciudadanas, y el riesgo de que se emplee violencia excesiva bajo el argumento de legítima defensa.
Diversas organizaciones de derechos humanos exigieron al Ministerio del Interior una investigación imparcial y la identificación de los agentes involucrados. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos señaló que el Estado debe garantizar la protección de la vida y el derecho a la protesta, recordando que los protocolos policiales prohíben el uso de armas letales en manifestaciones.
Por su parte, congresistas de distintas bancadas solicitaron la presencia de Tiburcio en la Comisión de Defensa para rendir cuentas sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo anunció que iniciará una supervisión especial de las actuaciones policiales durante las protestas, a fin de determinar si hubo un uso indebido de la fuerza y vulneración de derechos fundamentales.
