Lo que comenzó como una manifestación pacífica convocada por jóvenes de la llamada Generación Z terminó en una violenta jornada de enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP) en los alrededores del Congreso. El saldo: un muerto, más de un centenar de heridos y una nueva crisis política en el país.
La movilización, realizada la tarde del miércoles 15 de octubre, buscaba exigir soluciones ante la creciente inseguridad ciudadana, la corrupción y el descontento con el gobierno interino de José Jerí. Sin embargo, al caer la noche, el ambiente se tornó tenso cuando un grupo de protestantes intentó acercarse al Congreso. Según reportes, se lanzaron objetos, se prendieron fogatas y se rompieron vallas de seguridad, lo que desencadenó la intervención policial.
Durante la represión, Eduardo Mauricio Ruiz Sanz, de 32 años, resultó herido de gravedad tras recibir un impacto de proyectil en el tórax. Fue trasladado al Hospital Arzobispo Loayza, donde llegó sin vida. La Fiscalía de la Nación ha iniciado investigaciones para determinar las circunstancias de su muerte y si hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los efectivos policiales.
De acuerdo con un informe de la Defensoría del Pueblo, al menos 102 personas resultaron heridas, entre ellas 78 policías y 24 civiles. El Ministerio de Salud, por su parte, reportó 60 agentes lesionados trasladados a diversos hospitales de Lima, evidenciando diferencias en los reportes oficiales.
El jefe de la PNP, general Óscar Arriola, afirmó que la Policía actuó “de manera proporcional” frente a intentos de grupos radicales de incendiar el Congreso, mientras que diversos colectivos civiles y congresistas denunciaron un uso excesivo de la fuerza. La parlamentaria Flor Pablo señaló que “la Policía cercó a los manifestantes, impidiendo su salida y disparando bombas lacrimógenas a corta distancia”.
Por su parte, el presidente José Jerí expresó sus condolencias a la familia de la víctima y pidió identificar a los responsables del ataque, aunque sostuvo que “infiltrados violentos” buscaron desestabilizar la movilización. Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, exigieron una investigación independiente, advirtiendo que la víctima habría sido alcanzada por un disparo realizado por un efectivo vestido de civil.
La protesta, impulsada por colectivos juveniles a través de redes sociales, reflejó el descontento de una ciudadanía que, una vez más, salió a las calles para exigir cambios estructurales. Pero la violencia registrada deja al descubierto la fragilidad de las instituciones y la falta de canales democráticos para el diálogo social.
Con una muerte confirmada y más de un centenar de heridos, el Perú enfrenta nuevamente el desafío de esclarecer responsabilidades y evitar que la represión se repita como respuesta a la protesta. Mientras tanto, la sociedad civil y organismos de derechos humanos demandan transparencia y justicia para las víctimas de la marcha nacional.
