El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, exigió públicamente la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, luego de sus declaraciones en Perumin 37, donde planteó que en épocas de escasez el recurso hídrico podría priorizarse para la minería.
“Renuncie usted por el bien de la agricultura, por usted y por sus hijos. Resalto que sus hijos y nietos sufrirán por sus actos”, señaló la autoridad edil, en un pronunciamiento que refleja el malestar del Valle de Tambo frente a lo que consideran una política de Estado inclinada hacia la minería y en contra de la agricultura.
Ale Cruz advirtió que, si Manero no deja el cargo, la presidenta de la República y el Congreso deben tomar cartas en el asunto. De no ocurrir, los agricultores estarían dispuestos a salir a las calles y reactivar las protestas. “No está en condiciones de liderar este ministerio. Renuncie por el bien de la agricultura”, añadió.
El rechazo a las declaraciones del ministro se da en un contexto sensible: el Valle de Tambo lleva más de 16 años enfrentando el conflicto social por el proyecto minero Tía María, impulsado por Southern Perú Copper Corporation, y cuya ejecución ha sido paralizada debido a la oposición ciudadana por temor a la contaminación ambiental y al uso desigual del agua.
El alcalde recordó que los agricultores han denunciado reiteradas veces la contaminación de ríos y canales de regadío sin recibir respuesta efectiva del Estado. En ese marco, las palabras del ministro son vistas como una confirmación de que el Gobierno prioriza la inversión minera sobre la seguridad alimentaria y ambiental de la población.
El pronunciamiento de Ale Cruz fue respaldado por organizaciones como el Capítulo de Ingeniería Agronómica del Colegio de Ingenieros del Perú y la Convención Nacional Agro Peruano (Conveagro). Ambos gremios consideraron inadmisible que un ministro de Desarrollo Agrario plantee la posibilidad de restar agua a los agricultores para dársela a la minería.
La controversia también revive el recuerdo de las protestas sociales en el sur, que en más de una ocasión han terminado en enfrentamientos violentos, bloqueos de carreteras y paralizaciones. Los agricultores temen que el discurso del ministro sea un adelanto de medidas que los perjudiquen, por lo que exigen su salida inmediata antes de que la tensión social escale nuevamente.
En respuesta, el ministro Ángel Manero declaró que sus palabras fueron “sacadas de contexto” y que su cartera busca garantizar un equilibrio en el uso del agua entre los diferentes sectores productivos. Sin embargo, sus aclaraciones no han logrado disipar la desconfianza en Islay, donde el tema del agua está directamente vinculado a la defensa de la agricultura y la vida.
