La justicia de Arequipa ha emitido una sentencia ejemplar al condenar a cadena perpetua a Eduardo T. Q. por el grave delito contra violación sexual de menor de edad. La condena fue obtenida por la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, en un caso particularmente sensible donde la víctima era la hijastra del condenado. El fallo del 27 de octubre de 2025 subraya el compromiso del Ministerio Público con la protección de los derechos de la infancia.
Durante la exhaustiva investigación se pudo acreditar que la menor fue víctima de graves atentados contra su integridad en diversas ocasiones, comenzando cuando tenía tan solo ocho años. La difícil situación de la niña salió a la luz en 2023, cuando sus compañeros de clase alertaron a una docente sobre actos de autolesión. Fue a su maestra a quien la agraviada finalmente pudo confiar los abusos sufridos. Tras la denuncia inicial, los exámenes médico-legales y la evaluación psicológica resultaron cruciales para corroborar la versión de la menor, lo que llevó a dictar medidas de protección y al retiro del agresor del domicilio familiar.
No obstante, el proceso judicial enfrentó un obstáculo significativo: la posterior renuencia de la progenitora a colaborar, quien compartía otros tres hijos con el acusado. La madre eludió citaciones, incluyendo la de la Cámara Gesell, y finalmente, bajo apercibimiento fiscal, condujo a la menor a declarar, donde esta negó inicialmente los hechos. Pese a esta retractación, la Fiscalía, con la fiscal Nadielka Edith Torres Silloca a la cabeza, mantuvo firme la acusación. La estrategia fiscal se centró en demostrar que la madre, quien evidenciaba una profunda dependencia económica y emocional del imputado, influyó en el cambio de versión de su hija.
Esta premisa fue sólidamente sostenida por las declaraciones periciales de psicólogos y médicos legistas, sumadas a los testimonios de familiares y otros medios probatorios irrefutables. La contundencia de las pruebas permitió que el Tribunal encontrara culpable a Eduardo T. Q. del delito imputado y le impusiera la pena máxima. Adicionalmente a la cadena perpetua, el sentenciado deberá pagar S/ 15,000 como reparación civil y someterse a tratamiento terapéutico obligatorio.
Finalmente, la sentencia contempla rigurosas reglas de conducta para el condenado, como la prohibición de acercarse a cualquier persona involucrada en el proceso. Es importante señalar que la pena será revisada en segunda instancia. La Fiscalía destacó la valiosa colaboración del asistente en función Fiscal Dante Ccari Gallegos en las diligencias y notificaciones que fueron esenciales para lograr esta condena histórica, garantizando la protección y reparación a la víctima
