La expresidenta Dina Boluarte ha formalizado ante el Congreso de la República su solicitud para acceder a la pensión vitalicia que se otorga a los exmandatarios, así como otros beneficios contemplados para expresidentes. La petición, presentada pocos días después de su vacancia, ha reabierto un debate político y legal sobre los privilegios póstumos para quienes han ocupado la presidencia.
En un documento dirigido al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, Boluarte invoca la Ley N° 26519, norma que concede a los expresidentes una pensión “equivalente al total de los ingresos de un congresista en actividad”, según explicó el constitucionalista Alejandro Rospigliosi. Este monto, según la ley, podría ascender actualmente a S/ 15 600 mensuales.
Sin embargo, según informes periodísticos, la expresidenta va más allá de la pensión y solicita un paquete completo de beneficios: pide que se le asigne un vehículo oficial de por vida, personal de seguridad, un trabajador bajo contrato CAS (con un sueldo estimado en S/ 3 700), y un suministro mensual de hasta 150 galones de gasolina, valorados entre S/ 2.200 y S/ 2.500.
Además, Boluarte solicita mantener su seguro de salud privado, algo que también estaba vigente durante su mandato.
Argumentos y controversias
El constitucionalista Rospigliosi ha señalado que, pese a que Boluarte fue vacada, no habría una restricción automática para recibir la pensión, siempre que no exista una acusación constitucional aprobada por el Congreso.
Por otro lado, ya se ha presentado un proyecto de ley (Iniciativa Legislativa 12733/2025-CR) que busca añadir una disposición a la Ley 26519 para prohibir la pensión vitalicia para aquellos expresidentes que hayan sido vacados por el Congreso.
El tema ha generado rechazo en sectores ciudadanos, sobre todo considerando la baja popularidad de Boluarte y las críticas por sus gestiones. Según algunos medios, la pensión y los beneficios solicitados se perciben como un uso excesivo de recursos públicos en un contexto de crisis política.
Perspectivas legales
La Ley 26519 sí reconoce el derecho a la pensión para expresidentes constitucionales, pero también establece condiciones para su suspensión: por ejemplo, si existe una acusación constitucional en su contra.
Algunos analistas han advertido que, aunque Boluarte haya pedido formalmente el beneficio, no hay garantía de que el Congreso lo apruebe en su totalidad, sobre todo si se aprueba la modificación legal que restringiría el derecho para expresidentes vacados.
Esta solicitud ha reactivado el debate sobre los privilegios que los exjefes de Estado deberían tener, especialmente en un momento en que la ciudadanía exige mayor transparencia y rendición de cuentas política.
