El Congreso de la República declaró improcedente la solicitud de pensión vitalicia presentada por la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, poniendo punto final a un polémico intento de acceder a beneficios económicos tras su vacancia en octubre de este año.
Según el informe del Área de Asesoría Laboral del Parlamento, al que tuvo acceso el programa Cuarto Poder, la exmandataria no cumple con los requisitos establecidos en la Ley N.º 26519 para acceder a una pensión de por vida destinada a expresidentes.
Motivos del rechazo
El documento legislativo señala tres razones principales por las cuales Boluarte no es beneficiaria de este derecho:
- No fue elegida por voto popular, sino que asumió la presidencia por sucesión constitucional tras la vacancia de Pedro Castillo en diciembre de 2022.
- No completó un periodo presidencial íntegro, ya que su mandato terminó prematuramente con la vacancia por incapacidad moral en octubre de 2025.
- La norma vigente aplica únicamente a mandatarios electos que hayan ejercido el cargo de manera probada y por mandato popular, criterio que el informe reafirma como imprescindible.
- Con base en ello, el Congreso concluye que su solicitud de pensión vitalicia —que puede superar los 35 000 soles mensuales— es improcedente.
Solicitud y otros beneficios
La petición de la exmandataria fue formalizada apenas diez días después de dejar el cargo, al enviar un oficio al entonces presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en el que además de la pensión solicitaba otros beneficios asociados al estatus de expresidente, como vehículo oficial, personal contratado bajo la modalidad CAS y suministro de gasolina.
Si bien el pronunciamiento del Parlamento se limitó a la pensión vitalicia, persiste la discusión sobre otros beneficios logísticos y de seguridad, cuyo otorgamiento está regulado por normas distintas a la Ley 26519 y que aún podrían evaluarse por separado.
Reacciones y debate público
La decisión del Congreso se produjo en un contexto de amplia crisis política y baja popularidad de Boluarte, quien fue vacada por el propio Legislativo y enfrenta investigaciones fiscales.
El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, cuestionó el informe parlamentario al considerar que el Parlamento no debería fundamentar sus decisiones según lo que “le resulte más favorable en su imagen” y defendió que la exmandataria asumió la presidencia en marco de la Constitución.
Por otro lado, diversos sectores políticos han aprovechado el caso para renovar debates sobre la idoneidad y características de las pensiones para expresidentes, incluyendo propuestas legislativas que buscan eliminar este beneficio para mandatarios vacados.
