En medio de la crisis de seguridad que atraviesa el país, una nueva alerta preocupa a la ciudadanía: la creciente infiltración de policías en organizaciones criminales estaría alimentando el círculo de violencia y corrupción que golpea al Perú. Informes fiscales y judiciales revelan que agentes en actividad y en retiro habrían colaborado directamente con bandas dedicadas a la extorsión, el sicariato y el secuestro, convirtiéndose en eslabones internos del crimen organizado.
La lista de suboficiales y oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigados o sentenciados por “trabajar” para bandas criminales es extensa. La reciente condena de tres agentes en actividad y uno en situación de retiro por integrar una organización dedicada a la extorsión, sicariato y secuestro es apenas un ejemplo de una práctica que, según la tesis fiscal, se encuentra más extendida de lo que se reconoce públicamente.
De acuerdo con la investigación a la que tuvo acceso el Diario »La republica», estos malos policías prestaban servicios a la organización delictiva Los Michis, que operaba en los distritos de Ancón, Santa Rosa, Ventanilla y Puente Piedra. La banda, que construyó su poder mediante delitos agravados, contaba con uniformados que proporcionaban información, balas y protección, o que incluso se ofrecían a intimidar a los enemigos a cambio de compensaciones económicas.
Los tres agentes en actividad condenados fueron Junior Gómez Rivera y Paul Flores Velásquez, pertenecientes a la Policía de Tránsito y a la Unidad de Inteligencia de la Región Callao, respectivamente, además de Luis Arámbulo Zapata, efectivo de la comisaría de Ancón. Todos fueron hallados culpables de integrar una organización criminal que utilizaba sus vínculos policiales para garantizar impunidad y ejecutar delitos graves.
Ayer, la Segunda Fiscalía Superior Penal de Lima Noroeste confirmó la sentencia condenatoria contra los integrantes de Los Michis, organización criminal dedicada a secuestros seguidos de muerte, sicariato, extorsión, tráfico ilícito de drogas, usurpación y corrupción de funcionarios, entre otros delitos. El tribunal ratificó un total de 197 condenas, entre ellas 52 cadenas perpetuas, marcando uno de los fallos más severos en la historia judicial reciente.
Según el Ministerio Público, la participación de efectivos policiales fue clave para que la banda operara durante años sin ser desarticulada. Su conocimiento de los procedimientos, su acceso a información reservada y su capacidad para encubrir delitos desde dentro del sistema hicieron posible el crecimiento de estas redes delictivas en el norte de Lima.
Especialistas en seguridad y analistas anticorrupción advierten que este caso refleja un problema estructural: la debilidad en los controles internos de la Policía Nacional y la falta de fiscalización efectiva sobre sus miembros. Para ellos, la solución pasa por reformas profundas que incluyan evaluaciones patrimoniales periódicas, rotación constante en unidades de riesgo y una verdadera independencia de las oficinas de asuntos internos.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con indignación cómo la institución encargada de protegerlos se ve, nuevamente, involucrada en graves casos de crimen organizado. Este nuevo golpe a la PNP no solo pone en duda su credibilidad, sino que también revela la urgencia de una depuración real dentro de sus filas.
