La Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Ciberdelincuencia de Arequipa abrió una investigación preliminar por el presunto delito de fraude informático tras una serie de robos digitales que afectaron al erario público. En menos de una semana, tres entidades estatales de la región —la Municipalidad Distrital de Yura, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y la UGEL Caylloma— sufrieron el desvío de más de 2.8 millones de soles mediante la modalidad de suplantación de identidad, una técnica asociada al phishing.
Los hechos comenzaron el 21 de julio, cuando una trabajadora del Gobierno Regional recibió una llamada desde un supuesto número del Banco de la Nación. El interlocutor afirmó que se había detectado una transacción sospechosa desde un dispositivo no autorizado, por lo que se había bloqueado la cuenta institucional. Aunque la funcionaria no accedió a dar información, el 25 de julio descubrió transferencias no reconocidas por más de 700 mil soles. La denuncia formal se interpuso el 30 de julio.
En paralelo, el 24 de julio, trabajadores de la Municipalidad de Yura fueron contactados por otro supuesto representante del banco estatal, quien también afirmó haber detectado operaciones irregulares. El individuo, tras revelar datos internos de los servidores, solicitó una serie de pasos para “desbloquear” la cuenta. Mientras los funcionarios realizaban estos procedimientos y buscaban verificar la situación real, los delincuentes lograron mover más de 2 millones de soles. La denuncia se realizó ese mismo día, generando alarma institucional.
El tercer caso se registró el 25 de julio, cuando la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Caylloma, bajo la dirección de Rocío Siu Antezana, denunció el retiro fraudulento de 130 mil soles de sus cuentas. Todos los ataques comparten el mismo patrón: suplantación de identidad, ingeniería social y manipulación remota de las cuentas públicas. La Fiscalía ha ordenado el levantamiento del secreto bancario para rastrear el destino de los fondos. Cabe recordar que Arequipa ya había sido blanco de ataques cibernéticos similares en 2023, lo que pone en entredicho la seguridad digital de las entidades públicas frente a una modalidad delictiva cada vez más sofisticada.
