A requerimiento del Ministerio Público de Arequipa y por resolución expedida por el Poder Judicial, se cursaron las órdenes de búsqueda y captura a nivel internacional para el sentenciado Omar Julio Candia Aguilar, exalcalde de Arequipa por el caso de la compra irregular de 40 cámaras de seguridad ciudadana.
La medida también alcanza a los procesados Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo y José Luis Ríos Sánchez, al haber sido condenados por la comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada en agravio de la municipalidad de Alto Selva Alegre, informó el fiscal superior Carlos Herrera Mogrovejo, de la 2ª Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa.
El requerimiento fue presentado por el fiscal Ruben Núñez Soto de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, a cargo del caso en primera instancia, ante el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio, considerando que, en diciembre del año pasado se sentenció a 6 años cárcel a Omar Candía Aguilar y Reynaldo Ubaldo Díaz Chilo como coautores y a José Luis Ríos Sánchez, en calidad de cómplice.
Cabe resaltar que desde el momento que se conoció la sentencia contra los exfuncionarios públicos se giraron las órdenes de captura a nivel nacional, labor que se encuentra a cargo de la Policía Nacional del Perú, a través de una estrategia de búsqueda y vigilancia permanente.
El despacho liderado por el fiscal superior Carlos Alberto Herrera Mogrovejo estuvo a cargo del caso en segunda instancia, donde se ratificó la responsabilidad penal para Candía Aguilar, ex alcalde provincial de Arequipa, Reynaldo Díaz Chilo, Juan Jesús Lipe Lizárraga, exalcalde y exfuncionarios de la comuna de Selva Alegra; así como de José Luis Ríos Sánchez y Sandro Martínez Sardón, empresario y consultor respectivamente, por el perjuicio generado a la comuna de Alto Selva Alegre.
El Ministerio Público determinó que Candia Aguilar cuando fue alcalde de Alto Selva Alegre, en complicidad con sus exfuncionarios, direccionaron un proceso de selección para favorecer con el contrato, al consorcio Soluciones Andinas, representado por el imputado José Luis Ríos Sánchez y el concurso del consultor Sandro Martínez Sardón, concertados para defraudar al Estado con un sistema de vigilancia instalado irregularmente e inoperativo, generándose un perjuicio a la comuna distrital que incluso fue multada por SEAL.
