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Juez dispone internamiento para tres adolescentes investigadas

La Fiscalía Provincial Civil y Familia de Paucarpata, formalizó ante el Poder Judicial la denuncia contra las tres menores que estarían involucradas en el asesinato de Shirley Cusilayme Sucapuca (30), solicitando para ellas su internamiento preventivo. La víctima era cuidadora del albergue Centro de Acogida Residencial Isabel II, ubicado en el distrito de Socabaya. Después de la audiencia realizada hoy en la tarde, el Juzgado de Familia de Paucarpata dispuso internamiento preventivo. 

La Fiscal Provincial Yeny Vargas Mamani, informó haber concluido la investigación preliminar contando con suficientes medios para solicitar la detención preventiva de las menores, investigadas por el delito de homicidio simple, tras conocerse los resultados de la necropsia que determinaron que la causa de muerte de la trabajadora de este establecimiento fue por asfixia mecánica por estrangulación.

Según las investigaciones la víctima fue encontrada el fin de semana en una de las habitaciones de las menores maniatada de brazos y pies. Luego de este lamentable hecho habrían fugado del lugar siendo intervenidas dos de ellas en la tarde del lunes en la provincia de Camaná y la última menor fue ubicada también por la Policía ayer en el sector de Secocha encontrándose actualmente en la Comisaría de Familia por presunta desprotección familiar.

La Fiscal Provincial Yeny Vargas Mamani y la Fiscal Adjunta al Provincial Patricia Delgado Mesías participaron en diversas diligencias preliminares necesarias para esclarecer este hecho como la necropsia de ley, toma de declaraciones, testimoniales, visualización de videos de las cámaras de seguridad, entre otras. Asimismo, se han levantado actas de comunicación y exhortación al personal del CAR referidas al cumplimiento de velar por la integridad de las menores albergadas en este recinto.

De aceptarse el requerimiento de internamiento de las menores presentado por el Ministerio Público, serían trasladadas al Centro Juvenil de Mujeres Santa Margarita de la ciudad de Lima por un plazo aproximado de dos meses como medida preventiva. “En coordinación con la Policía Nacional hemos avanzado en esta investigación, tenemos suficientes elementos probatorios que nos permitirán conocer culminado este tiempo la responsabilidad penal de las investigadas, emitiendo el Juzgado para ese entonces la sentencia correspondiente”, manifestó la autoridad.

La sanción a imponérseles de hallárseles responsables de este delito oscila entre 1 a 6 años de pena privativa de la libertad, según el Código de Responsabilidad Penal del Adolescente.

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