Tras el operativo donde se detuvo al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica y otras trece personas, entre funcionarios, consejeros, dirigentes y policías, por presuntos delitos contra la administración pública, el Ministerio Público realizará la verificación de al menos 350 evidencias.
La información fue proporcionada por el Fiscal Provincial Arturo Valencia Paiva de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, quien lidera el equipo a cargo de revisar lo incautado durante el allanamiento en las viviendas de los detenidos y las oficinas del Gobierno Regional, que consiste en diversa documentación, equipos celulares, memorias USB, entre otros.
Además, señaló que a la labor realizada por los fiscales anticorrupción, se sumarán 25 fiscales del área penal que apoyarán, cinco por día, en las diligencias programadas, conforme a la disposición del presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Arequipa, Santiago Irigoyen Díaz, y en atención a la política de la institución de lucha frontal contra la corrupción, que demanda sumar esfuerzos y un trabajo articulado.
De esta manera, el Ministerio Público continuará su trabajo a fin de esclarecer este caso por el que están detenidos hasta el momento: Elmer Cáceres Llica, gobernador regional de Arequipa, y los funcionarios: Gregorio Urbano Palma Figueroa (gerente general del GRA), Marcelo Alberto Córdova Monroy (gerente ejecutivo de COPASA), Napoleón Segundo Ocsa Flores (gerente ejecutivo de AUDOTEMA), Javier Eduardo Rospigliosi Vega (gerente de Presupuesto, Planeamiento y Ordenamiento Territorial) y Wilfredo Leodán Llaiqui Cáceres.
También, Richard Edgard Calvo Ramos, Mario Jacobo Jacobo, presidente de la Asociación Agroindustrial, Pampas Bayas, y los policías, José Alberto Gómez Oviedo, y Alexander Román Martínez Rojas.
Asimismo, el Ministerio Público rechaza la divulgación de audios vinculados al caso, negando que ello se haya producido por parte de algún personal de la institución. Al respecto, la Fiscal Superior, María del Rosario Lozada Sotomayor de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones solicitó informes para esclarecer lo ocurrido, considerando la reserva de toda investigación.
