Días atrás, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, adelantó que como parte de la reforma tributaria que pretende impulsar el Gobierno, “los que tienen más y acumulan ganancias, deberían aportar más impuestos”. Para el especialista en Derecho Tributario y docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica San Pablo (UCSP), Gonzalo Escalante, podría ser perjudicial ya que desalentaría la inversión privada.
“No se puede incrementar tributos a una economía que ya está afectada por la pandemia. Eso podría obligar al cierre o a reducir operaciones de las empresas y la consecuencia directa de eso, será la pérdida de puestos de trabajo”, advirtió.
El objetivo de la reforma tributaria es incrementar la recaudación fiscal, sin embargo, Escalante, aclara que se parte de una visión sesgada, al concentrar la presión tributaria solo en las grandes empresas y los contribuyentes ya identificados. Este cambio solo se daría si el Congreso otorga las facultades legislativas al Ejecutivo.
“Claro, es más sencillo evitar fiscalizar a los informales, que son los grandes deudores tributarios pues no declaran ingresos o declaran una parte ínfima de los mismos”, señaló.
Incluso adelantó que la iniciativa de crear un impuesto a las sobreganancias al sector minero —como consecuencia de la alta cotización de los metales en el mercado mundial— podría colisionar con la Constitución, si es que se considera que tiene un carácter confiscatorio.
“Las ganancias ya están afectas al Impuesto a la Renta. En todo caso, primero se tiene que definir qué son sobreganancias, sobre qué parámetros se aplicará el nuevo impuesto y analizar si esto no resulta confiscatorio de acuerdo a la Constitución vigente, pues se apelaría al Tribunal Constitucional para ver si tiene indicios de inconstitucionalidad”, advirtió.
FORMALIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN
El docente UCSP consideró que cualquier esfuerzo de reforma tributaria para mejorar la recaudación fiscal, debería enfocarse en otorgar incentivos para promover la formalización de todas las actividades económicas que no lo son y en simplificar el sistema tributario para facilitar el pago de impuestos.
En el Perú, se estima que el 70% de las actividades económicas son informales y ningún Gobierno enfrentó de manera decidida este problema, debido a su repercusión política. Después de todo, los informales como votantes expresan su opinión en las urnas.
“En el Congreso hay un clima de cierta confrontación. Una cosa es que se haya aceptado otorgar el voto de confianza al gabinete Bellido y otra, que le permitan al Gobierno legislar en materia tributaria. Hay varias bancadas que se muestran reacias a otorgar las facultades legislativas que solicitará el Gobierno”, indicó el experto en Derecho Tributario de la UCSP.
Respecto a los incentivos para la formalización, Escalante sostuvo que la estrategia debería considerar la aplicación de tasas impositivas bajas, así como concientizar acerca del riesgo que existe de pertenecer al sector informal. “Hay muchos contribuyentes que no pagan un sol de impuestos y lo que se necesita, es que aun en menor medida tributen y para eso se deben crear incentivos. La Sunat, prevista de las herramientas necesarias, debe hacer sentir su presencia en el sector informal”, apuntó.
En cuanto a la simplificación del sistema tributario, Escalante explicó, que a cualquier persona que realiza alguna actividad económica le resulta muy complicado estar al día en el pago de impuestos. En su opinión, si bien se tiene que recurrir a profesionales, a veces por querer ahorrar se recurre a personal no muy calificado, lo que provoca un doble gasto, aunque lo ideal sería que cualquier ciudadano sea capaz de cumplir sus obligaciones sin recurrir a terceros.
Así, ambos aspectos (formalización y simplificación del sistema tributario) permitirán que más personas tributen y por consiguiente se recaude más impuestos y el Gobierno tendría más recursos para impulsar la reactivación económica y no habría el problema de déficit fiscal, tal como ocurre en este momento, por efecto de la pandemia.
