Ante la discusión que se viene desarrollando en torno al proyecto de irrigación Majes II en
Arequipa, desde CONVEAGRO queremos manifestar lo siguiente:
Afirmamos la importancia del proyecto y la necesidad de su implementación para el
desarrollo de la región; por ese mismo motivo nos preocupa que se implemente bajo un modelo que no tiene en cuenta un desarrollo territorial inclusivo que contribuya a un verdadero desarrollo equitativo de la población y los territorios, como el que tuvo el proyecto MAJES SIGUAS I, que benefició a miles de familias de pequeños productores y que cumplió y superó todos los indicadores de desarrollo que se
establecieron. El problema de fondo es que no se quiere discutir cómo se plantea este proyecto y a quien termina beneficiando (y excluyendo).
Rechazamos algunas afirmaciones malintencionadas queriendo confundir “polarización ideológica y por intereses o desconocimiento de lo que significa desarrollo e intereses mezquinos” con lo que es ejercicio de la democracia de los ciudadanos/a mediante el justo y legítimo reclamo de que se desarrolle la discusión que se necesita dar en la
Región Arequipa y a nivel nacional sobre Majes Siguas II y el modelo de implementación. Un proyecto de esa dimensión, condiciona el desarrollo de la región y el territorio para el futuro y necesita de una discusión política y social con la ciudadanía, no solo técnica, donde se valoren también los impactos sociales, ambientales y también económicos que tendrían uno u otro modelo.
Cuestionamos que se quiera desvirtuar y pervertir el debate legítimo y necesario del modelo de desarrollo de una región por parte de unos cuantos grandes intereses conómicos que se quieren volver a quedar con todo el pastel, argumentando que son
cuestionamientos con sesgo político, ideológico, para así no discutir de los verdaderos temas de fondo importantes, como el impacto que generó Majes Siguas I hasta nuestros días.
Demandamos que se aplique la normativa y política nacional y sus mandatos, que consideran prioritaria la Agricultura Familiar. Rechazamos que se sigan encubriendo subsidios implícitos y explícitos para las grandes empresas agroindustriales con los
grandes proyectos de irrigación, cuyos reducidos impuestos además se quedan en Lima, mientras se sigue excluyendo a la agricultura familiar del acceso a estos proyectos del estado que se financian también con fondos públicos. Es falaz querer
confundir a la opinión pública queriendo dar a entender que la agricultura familiar es toda de minifundio de subsistencia cuando se pueden plantear extensiones de 10 o 20 hectáreas dedicadas a la agricultura familiar que serían perfectamente viables y rentables y que pueden gestionarse de forma asociativa por estas familias en forma
cooperativa.
Reafirmamos el derecho de los territorios a decidir sobre su futuro, sobre el modelo de
desarrollo y sobre el destino de los recursos del estado que provienen de sus impuestos y que vienen dirigidos desde el gobierno central, sin ningún proceso de discusión participativa con la población de las regiones. Rechazamos que para la decisión del proyecto se usen criterios de validación que responden solamente a macro indicadores económicos y que finalmente una entidad que pertenece al MEF, PROINVERSION, sin ninguna consulta en la región y valorando solo criterios e indicadores empresariales sea la que termine imponiendo como única decisora el modelo de implementación de un proyecto que condiciona el desarrollo territorial a futuro con sus decisiones de destino y orientación del mismo ¿Dónde quedan los procesos participativos para el desarrollo en las regiones? ¿Dónde está el ordenamiento y la planificación territorial, que es parte de una política de estado?Reafirmamos que otros modelos de desarrollo inclusivo del territorio son posibles. Las
familias de agricultores de Majes Siguas I, llevan ya 2 generaciones trabajando y contribuyendo a un desarrollo de su territorio envidiable para cualquier otra población de costa del país, con unos indicadores sociales y económicos de los mejores del país; con la entrega de la tierra se convirtieron en propietarios y empresarios que trabajan para su negocio. Como indican los estudios del propio MIDAGRI, una explotación de
agricultura familiar genera 5 veces más de empleo a su alrededor que el que genera
una empresa agroexportadora; los datos de progresión social y económica de estos
pequeños productores propietarios con el proyecto Majes Siguas I y de sus territorios,
como la PEA y el salario que ganan los asalariados, muestran el enorme impacto de
capitalizar a miles de familias agricultoras, que ahora son propietarias, cuentan con un capital valioso en el valor de sus tierras, generan su empleo y el de otras muchas familias, tienen capacidad de consumo, fijan población en el territorio y dinamizan los servicios alrededor de estas jóvenes y prosperas poblaciones. Frente a esto, nos encontramos un modelo que quieren imponernos que genera riqueza para unos pocos,
desigualdad y falta de cohesión social, mano de obra barata, bajos salarios y precariedad laboral que perpetúan las bolsas de pobreza en los lugares donde se plantea.Defendemos que en un país democrático se deben respetar y escuchar las distintas
opiniones de los implicados en el territorio, las cuales pueden argumentar legítimamente que forma de desarrollo quieren para su región y discutirlo. El problema de fondo es que el modelo nos viene impuesto por una serie de actores que tienen sus propios intereses y es avalado por un estado incapaz y servil.Reconocemos la importancia de la actividad agroexportadora y su legítimo derecho a
desarrollarse, pero en igualdad de condiciones y si privilegios o regalos en forma de donación encubierta por parte del estado; también cuestionamos la corta mirada de un estado con prejuicios que piensa que el milagro agroexportador es para todos y para siempre, descartando que la agricultura para alimentar el país tenga su sitio, queriendo hacer a la Agricultura familiar totalmente dependiente de las grandes industrias.Deploramos que por estos intereses, se quiera tergiversar y presionar para la toma de decisión argumentando otra GRAN MENTIRA como que si no se firma la adenda 13 está es causal de recesión del contrato por parte de la empresa; ningún contrato se rescinde porque uno de las contrapartes se niegue a modificarlo luego de firmado, eso es una falacia jurídica, que responde a una acta de compromisos firmada el 2018
por un ex Gerente de AUTODEMA en el que reconoce la adenda N° 13 y los costos que ella implicaba, sin que esta persona tuviera la facultad de comprometer recursos públicos del Gobierno Regional; esto tampoco significa una causal, ya que la empresa en el proceso de concurso reconoció que conocía y acataba todas la leyes
dadas por el Estado Peruano, reconociendo que esto debería ser aprobado por el Consejo Regional y avalada por el MEF y que la firma de un Gerente de Proyecto especial no tiene validez para este tipo de compromisos. Es decir, el estado, saltándose los propios principios del estado, para beneficiar a terceros y la consecuencia de ese actuar improcedente supone perjudicar a la mayoría de la población.
Para el desarrollo del sector Agrario con equidad, justicia, responsabilidad y sostenibilidad en nuestro país es necesario tomar medidas que permitan corregir las distorsiones y subsidios habidos hasta ahora con estos grandes proyectos de inversión, que responden principalmente a los intereses de unos pocos, que no cuentan con la
opinión de la población de los territorios ni responde a un modelo de desarrollo territorial consensuado con esta población y que finalmente condiciona el tipo de desarrollo para el futuro y las generaciones venideras y que vuelven a concentrar la riqueza en pocas manos y ampliando la desigualdad, justificándose con unos macro indicadores económicos que maquillan esta desigualdad.
Así dio a conocer el presidente del CONVEAGRO el señor Climaco Cárdenas Cárdenas.
